MEDIOS, DEMOCRACIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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Recuperar el sentido de la plaza pública, escenario en el que se discutía, se presentaban opciones, se conversaba y se ponía en tela de juicio las afirmaciones de quien hacía uso de la palabra, es la gran tarea que nos corresponde a los comunicadores. La plaza pública debe ser la página de un diario o revista, un programa radial presentado con altura y con dignidad, y una televisión responsable que no tema mostrar la realidad del país al que sirve y no servir a los intereses políticos que tratan de esconder ese país real. Una televisión que estimule la cultura y no la subcultura, que no tema ampliar su horizonte de compromiso con las necesidades de sociedades desmovilizadas por el miedo y la apatía.
Esa misma plaza pública tiene hoy en Internet a un nuevo referente, es como un espacio que se suma a los ya existentes y que reclama periodistas que lo usen de forma ordenada, crítica e inteligente al servicio de una ciudadanía que pueda escoger de forma informada las mejores opciones para el país. Con Internet, todos somos un poco periodistas, pero si no sabemos procesar la información, la terminaremos de convertir en una Torre de Babel muy distante de las ventajas potenciales que ofrece su uso.
Reconstruir el espacio de la plaza pública no es una tarea fácil. Dividir y fraccionar a los colectivos supone ventajas a los grupos de intereses encaminados hacia ese fin, pero a la larga acaba con los ciudadanos, que se convierten en sujetos de campañas proselitistas cuyas propagandas son encomendadas a los mismos agentes que venden un detergente como un congresista o una gaseosa como un presidente. Los consumidores pasivos de las ofertas publicitarias deberían ser despertados por los comunicadores, aquellos que exploren más allá de los eslóganes, y que tengan la audacia y el coraje de exponer a los políticos tal como son y no como ellos quisieran que se les conociera.
Ante tanta oferta de información, hoy, el ciudadano vive lo que algunos estudiosos llaman muy bien “la ansiedad informativa”, y se preguntan: ¿qué hacer cuando demasiada información no le sirve al ciudadano para tomar mejores decisiones? La cantidad debe ir acompañada de la calidad. Y en eso, los periodistas tenemos la obligación de ayudar a digerir esa oferta publicitaria con que es bombardeado todos los días el ciudadano medio. Prepararnos para enfrentar el reto de un tiempo de descreimientos y dudas es consolidar la necesidad de reformular el concepto de la plaza pública abandonado por los políticos y, muchas veces, por la misma prensa. Es curioso, en ese sentido, cómo la tendencia es que haya más medios pequeños y ninguno con capacidad de aglutinar a la gente en torno a él. Ya pasaron los años en que las familias se reunían frente a una radio o delante del televisor; ahora vamos a los ordenadores personales, en que cada cual elige lo que quiere y a su medida. Esta es una realidad latente en sociedades desarrolladas y, por qué no, también en las nuestras, con la diferencia de que en nuestros países los que pueden acceder a eso constituyen una minoría frente a una multitud que vive muy lejos aún de las ventajas que supone ese medio de comunicación.
El problema de la democracia es un problema de calidad, de gestión. Hay un notable rechazo hacia los gobiernos que no hacen; a los líderes que mienten y a los partidos que no administran los cargos de forma diligente. La ciudadanía lo reconoce, por eso cada día cuesta más ganarse su voto. Es curioso cómo el descreimiento hacia los políticos y hacia la política es directamente proporcional a los gastos de campaña. Cada vez es más costoso ser electo en elecciones democráticas, lo que desalienta a ingresar a la política a quienes carecen de recursos. Y la explicación es simple: cuando la gente no cree, se debe gastar más en publicidad para convencerla. Si tuviera buena información y un grado de participación mayor, menor sería lo que los políticos gastarían para convencer a electorados renuentes a participar si no tienen de por medio algún incentivo económico el día de los comicios, como es el caso en algunos países de nuestro continente.
Hay también un rechazo a la prensa partidista o sectaria que nutre sus espacios con la versión de un sector de poder en detrimento de la información para el ciudadano. No es raro ver sus resultados en la poca circulación de algunos periódicos muchas veces subvencionados por los partidos en el poder, que sirven solo a quien le paga y a no sus electores, como debiera ser.
La palabra responsabilidad viene de la expresión latina: res (cosa) pondere (valorar); solo es responsable aquel que valora, que pondera, que le da un sitio importante a su tarea o al concepto que la representa. Ser responsable con la libertad y con la democracia implica para los comunicadores trabajar para exponer los temas ciudadanos en la agenda de la discusión y recuperar a través de ellos el concepto de la plaza pública hoy abandonada, fragmentada y desconocida para muchos. Ser periodista en un tiempo de cambios, en el que lo conocido no sirve como servía y en el que al tiempo que se destruyen instituciones o conceptos nacen otros que son también sujetos de cambios y destrucciones, no es una tarea fácil. Y lo es aún peor en sitios en los que la ausencia de libertad es asumida con fatalismo cultural.
Ante esto, cabría refundar el concepto de la plaza pública; volver a aglutinar en el debate a las voces que tengan algo que decirnos y no a las que solo repiten los eslóganes políticos que les han dado como tarea proclamar; huir de esa polémica estéril que todos los días intenta ahogar la discusión de los temas importantes; hacer que el escándalo de hoy no sea sepultado por el escándalo de mañana, sin que medie la acción de la justicia o de otras instituciones para sancionar a los protagonistas de los mismos.
El periodista no debe convertirse en mero difusor de la agenda que los políticos oportunistas quieren colocar en el imaginario popular, sino desmenuzar la idea y el concepto, y cotejarlos con la realidad para que el ciudadano tome la decisión de manera informada y pueda crear, a través de ello, una comunidad sólida que respalde la democracia y dé sentido a la libertad.
Enfrentar el descreimiento ciudadano con un periodismo más responsable es también una forma de supervivencia de un oficio que requiere, hoy que más nunca, los rigores de cualquier profesional. Vivimos en un tiempo en cambio, de dudas, tribulaciones y angustias. Y en medio de eso, descreemos muchas veces de nuestras propias fuerzas, buscamos evasivas y, en el camino, queremos justificar la inacción.
Hoy, el periodista debe ser un activo agente de cambio, de interpretación, de lucidez ante una realidad cambiante, y, sobre todo, debe asumir con responsabilidad la tarea de salvar a la política de un mercantilismo que la agota, y rescatar a la prensa de su función rectora que estimule al ciudadano a volverse partícipe activo de la construcción de su comunidad. Si es posible hacerlo en medio de las perturbaciones y obscuridad, aún mayor será el beneficio para el país y más fuerte y entregada al servicio estará la prensa; ya no jugando a ser un poder, sino a controlar, auscultar y denunciar al poder político que está, al igual que la prensa, para el servicio de todos.
Si logramos rescatar para la prensa ese espacio de vitalidad y de participación con el ciudadano informado, también tendremos mejores políticos y la política no será nunca conjugable con lo turbio, lo obsceno ni lo degradante. Tendremos más interesados en ingresar a ella y dejará de ser el lado fácil de la coerción y el chantaje de grupos de intereses que siempre buscan volverla un rehén para sus ambiciones crematísticas.
También habremos recuperado la plaza pública para el ciudadano y cada uno de los medios jugará un rol de catalizador de intereses particulares en provecho de objetivos comunes. El periodista interpretará los hechos libre de extorsiones, pero no exento de conflictos que definen muchas veces este oficio fascinante; y el ciudadano verá, por fin, que la comunicación no es otra cosa que la prolongación de su comunidad que vive en democracia. Hacerlo pronto y rápido es también una cuestión de supervivencia del propio sistema democrático que ambicionamos, y una muestra de capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos que deben enriquecernos en participación y no deprimirnos en ansiedades y miedos individuales.
Superar las dudas y preconceptos o la necesidad de madurar cívicamente en democracia.
Nuestros esquemas mentales, estructurados sobre la base de que las leyes por sí solas cambien el pensamiento de la gente, no alcanzan para explicar por qué América Latina, con tantas normas, no haya podido crecer ni desarrollarse en un mundo competitivo que está mirando nuevas formas de organización, en el que la tecnología y la información todavía resultan hoy más fáciles de acceder y de crear comunidades de ciudadanos que entiendan su rol dentro de la construcción democrática. Debemos hacer normas que pongan a los ciudadanos en primer lugar. Es preciso, tras una discusión amplia, que desde lo jurídico se logre entender que nadie más que el individuo informado es el que logra comprender el significado de la democracia y está dispuesto, con su participación, a darle sentido y valor. Es importante considerar que escribir normas de acceso a la información pública que se alejen de los ciudadanos, aunque hayan sido escritas en su nombre, llevan consigo posibilidades más cercanas del fracaso.
El retorno a los ciudadanos debe marcar la línea de discusión en los países que han aprobado normas en esa dirección; y en las que se encuentran en proceso de redactarlas, debe servir para una reflexión más madura y seria que evite que los periodistas, la prensa o el poder del Estado se apropien de normativas que en realidad solo les brindan a ellos una mayor dosis de insumos. Esto evitaría que los rumores maledicentes, y muchas veces sin fundamentos, sean justificados porque no tienen la información oficial en torno a los hechos que comentan.
Nuestras democracias necesitan tanto medios serios y creíbles como gobiernos transparentes que proyecten en la ciudadanía niveles de confianza que permitan construir escenarios posibles en un mundo que mira con perplejidad los cambios y anhela, en especial, que la prensa oriente con una crítica sana y una información responsable el rumbo a seguir.
No es un momento fácil ni para los periodistas ni para la norma. Por lo general, vivimos un tiempo de descreimiento y de dudas. En ese marco, escribir normas sobre ámbitos de la información debe significar un nuevo pacto entre los grandes actores sociales para rescatar el rol de ciudadanía, tan vital a las democracias como la información a los medios de prensa. Es imperioso ver las normas desde esa concepción, encontrando los mecanismos que hagan que se vuelva a establecer el vínculo de confianza roto entre gobiernos y ciudadanos o entre leyes y ciudadanía. Las leyes deben constituir la antesala de un pacto serio que construya puentes entre los ciudadanos y sus instituciones. Debe llevar a los gobiernos a mirar su compromiso desde una perspectiva distinta, que encuentre en la transparencia un mecanismo que ahuyente a los corruptos y sus miles de estrategias de desacreditar a las democracias y, consiguientemente, pueda rescatar a la prensa de un rol anodino y secundario, donde lo “light” y banal ha sobrepasado, en muchos casos, a la información analizada y presentada de manera clara que permita entender lo que pasa y saber las razones correctivas que aplicar.
Los periodistas, juristas y actores democráticos, en general, deben rescatar al ciudadano de esta perpleja manera de observar hechos que no comprende, de modo que los niveles de participación tan bajos en nuestra democracia puedan revertirse, produciendo a su paso un abaratamiento de los mismos costos de campaña y promoviendo liderazgos alternativos a la corporación de los partidos que en muchos países ha dejado al pueblo sin opciones.
Una información, entendida como patrimonio público, es una apuesta al desarrollo, que espera que tanto juristas como periodistas le den densidad para que el ciudadano vuelva a creer; primero, en su capacidad de actor democrático y, por consiguiente, en el sistema democrático, al rescatarlo de esa reducción simplista y distante de que él solo sirve para unos cuantos avivados y pícaros que lucraran en su nombre a partir de elecciones o de medias verdades.
En una sociedad democrática, es necesario y es una obligación tener asegurado jurídicamente el derecho a la información. Pero esto no es suficiente. Se requiere, además, que el ejercicio del derecho a saber suponga una coincidencia razonable entre los hechos efectivamente acaecidos y lo que se publica o se difunde. El asunto, a simple vista, puede parecer sencillo. No lo es. Antes bien, resulta sinuoso y complicado. En principio, conviene puntualizar que la información se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de gobierno y para la toma pública de decisiones colectivas por sus propias características inmanentes. No hay nada tan valioso como trascendente para el ciudadano como aquella información que le permita expresar su compromiso cívico y su participación en la democracia. Contrariamente, nada perjudica tanto como el hecho distorsionado, adulterado u ocultado.
Reconstruir el espacio de la plaza pública no es una tarea fácil. Dividir y fraccionar a los colectivos supone ventajas a los grupos de intereses encaminados hacia ese fin, pero a la larga acaba con los ciudadanos, que se convierten en sujetos de campañas proselitistas cuyas propagandas son encomendadas a los mismos agentes que venden un detergente como un congresista o una gaseosa como un presidente. Los consumidores pasivos de las ofertas publicitarias deberían ser despertados por los comunicadores, aquellos que exploren más allá de los eslóganes, y que tengan la audacia y el coraje de exponer a los políticos tal como son y no como ellos quisieran que se les conociera.
Ante tanta oferta de información, hoy, el ciudadano vive lo que algunos estudiosos llaman muy bien “la ansiedad informativa”, y se preguntan: ¿qué hacer cuando demasiada información no le sirve al ciudadano para tomar mejores decisiones? La cantidad debe ir acompañada de la calidad. Y en eso, los periodistas tenemos la obligación de ayudar a digerir esa oferta publicitaria con que es bombardeado todos los días el ciudadano medio. Prepararnos para enfrentar el reto de un tiempo de descreimientos y dudas es consolidar la necesidad de reformular el concepto de la plaza pública abandonado por los políticos y, muchas veces, por la misma prensa. Es curioso, en ese sentido, cómo la tendencia es que haya más medios pequeños y ninguno con capacidad de aglutinar a la gente en torno a él. Ya pasaron los años en que las familias se reunían frente a una radio o delante del televisor; ahora vamos a los ordenadores personales, en que cada cual elige lo que quiere y a su medida. Esta es una realidad latente en sociedades desarrolladas y, por qué no, también en las nuestras, con la diferencia de que en nuestros países los que pueden acceder a eso constituyen una minoría frente a una multitud que vive muy lejos aún de las ventajas que supone ese medio de comunicación.
El problema de la democracia es un problema de calidad, de gestión. Hay un notable rechazo hacia los gobiernos que no hacen; a los líderes que mienten y a los partidos que no administran los cargos de forma diligente. La ciudadanía lo reconoce, por eso cada día cuesta más ganarse su voto. Es curioso cómo el descreimiento hacia los políticos y hacia la política es directamente proporcional a los gastos de campaña. Cada vez es más costoso ser electo en elecciones democráticas, lo que desalienta a ingresar a la política a quienes carecen de recursos. Y la explicación es simple: cuando la gente no cree, se debe gastar más en publicidad para convencerla. Si tuviera buena información y un grado de participación mayor, menor sería lo que los políticos gastarían para convencer a electorados renuentes a participar si no tienen de por medio algún incentivo económico el día de los comicios, como es el caso en algunos países de nuestro continente.
Hay también un rechazo a la prensa partidista o sectaria que nutre sus espacios con la versión de un sector de poder en detrimento de la información para el ciudadano. No es raro ver sus resultados en la poca circulación de algunos periódicos muchas veces subvencionados por los partidos en el poder, que sirven solo a quien le paga y a no sus electores, como debiera ser.
La palabra responsabilidad viene de la expresión latina: res (cosa) pondere (valorar); solo es responsable aquel que valora, que pondera, que le da un sitio importante a su tarea o al concepto que la representa. Ser responsable con la libertad y con la democracia implica para los comunicadores trabajar para exponer los temas ciudadanos en la agenda de la discusión y recuperar a través de ellos el concepto de la plaza pública hoy abandonada, fragmentada y desconocida para muchos. Ser periodista en un tiempo de cambios, en el que lo conocido no sirve como servía y en el que al tiempo que se destruyen instituciones o conceptos nacen otros que son también sujetos de cambios y destrucciones, no es una tarea fácil. Y lo es aún peor en sitios en los que la ausencia de libertad es asumida con fatalismo cultural.
Ante esto, cabría refundar el concepto de la plaza pública; volver a aglutinar en el debate a las voces que tengan algo que decirnos y no a las que solo repiten los eslóganes políticos que les han dado como tarea proclamar; huir de esa polémica estéril que todos los días intenta ahogar la discusión de los temas importantes; hacer que el escándalo de hoy no sea sepultado por el escándalo de mañana, sin que medie la acción de la justicia o de otras instituciones para sancionar a los protagonistas de los mismos.
El periodista no debe convertirse en mero difusor de la agenda que los políticos oportunistas quieren colocar en el imaginario popular, sino desmenuzar la idea y el concepto, y cotejarlos con la realidad para que el ciudadano tome la decisión de manera informada y pueda crear, a través de ello, una comunidad sólida que respalde la democracia y dé sentido a la libertad.
Enfrentar el descreimiento ciudadano con un periodismo más responsable es también una forma de supervivencia de un oficio que requiere, hoy que más nunca, los rigores de cualquier profesional. Vivimos en un tiempo en cambio, de dudas, tribulaciones y angustias. Y en medio de eso, descreemos muchas veces de nuestras propias fuerzas, buscamos evasivas y, en el camino, queremos justificar la inacción.
Hoy, el periodista debe ser un activo agente de cambio, de interpretación, de lucidez ante una realidad cambiante, y, sobre todo, debe asumir con responsabilidad la tarea de salvar a la política de un mercantilismo que la agota, y rescatar a la prensa de su función rectora que estimule al ciudadano a volverse partícipe activo de la construcción de su comunidad. Si es posible hacerlo en medio de las perturbaciones y obscuridad, aún mayor será el beneficio para el país y más fuerte y entregada al servicio estará la prensa; ya no jugando a ser un poder, sino a controlar, auscultar y denunciar al poder político que está, al igual que la prensa, para el servicio de todos.
Si logramos rescatar para la prensa ese espacio de vitalidad y de participación con el ciudadano informado, también tendremos mejores políticos y la política no será nunca conjugable con lo turbio, lo obsceno ni lo degradante. Tendremos más interesados en ingresar a ella y dejará de ser el lado fácil de la coerción y el chantaje de grupos de intereses que siempre buscan volverla un rehén para sus ambiciones crematísticas.
También habremos recuperado la plaza pública para el ciudadano y cada uno de los medios jugará un rol de catalizador de intereses particulares en provecho de objetivos comunes. El periodista interpretará los hechos libre de extorsiones, pero no exento de conflictos que definen muchas veces este oficio fascinante; y el ciudadano verá, por fin, que la comunicación no es otra cosa que la prolongación de su comunidad que vive en democracia. Hacerlo pronto y rápido es también una cuestión de supervivencia del propio sistema democrático que ambicionamos, y una muestra de capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos que deben enriquecernos en participación y no deprimirnos en ansiedades y miedos individuales.
Superar las dudas y preconceptos o la necesidad de madurar cívicamente en democracia.
Nuestros esquemas mentales, estructurados sobre la base de que las leyes por sí solas cambien el pensamiento de la gente, no alcanzan para explicar por qué América Latina, con tantas normas, no haya podido crecer ni desarrollarse en un mundo competitivo que está mirando nuevas formas de organización, en el que la tecnología y la información todavía resultan hoy más fáciles de acceder y de crear comunidades de ciudadanos que entiendan su rol dentro de la construcción democrática. Debemos hacer normas que pongan a los ciudadanos en primer lugar. Es preciso, tras una discusión amplia, que desde lo jurídico se logre entender que nadie más que el individuo informado es el que logra comprender el significado de la democracia y está dispuesto, con su participación, a darle sentido y valor. Es importante considerar que escribir normas de acceso a la información pública que se alejen de los ciudadanos, aunque hayan sido escritas en su nombre, llevan consigo posibilidades más cercanas del fracaso.
El retorno a los ciudadanos debe marcar la línea de discusión en los países que han aprobado normas en esa dirección; y en las que se encuentran en proceso de redactarlas, debe servir para una reflexión más madura y seria que evite que los periodistas, la prensa o el poder del Estado se apropien de normativas que en realidad solo les brindan a ellos una mayor dosis de insumos. Esto evitaría que los rumores maledicentes, y muchas veces sin fundamentos, sean justificados porque no tienen la información oficial en torno a los hechos que comentan.
Nuestras democracias necesitan tanto medios serios y creíbles como gobiernos transparentes que proyecten en la ciudadanía niveles de confianza que permitan construir escenarios posibles en un mundo que mira con perplejidad los cambios y anhela, en especial, que la prensa oriente con una crítica sana y una información responsable el rumbo a seguir.
No es un momento fácil ni para los periodistas ni para la norma. Por lo general, vivimos un tiempo de descreimiento y de dudas. En ese marco, escribir normas sobre ámbitos de la información debe significar un nuevo pacto entre los grandes actores sociales para rescatar el rol de ciudadanía, tan vital a las democracias como la información a los medios de prensa. Es imperioso ver las normas desde esa concepción, encontrando los mecanismos que hagan que se vuelva a establecer el vínculo de confianza roto entre gobiernos y ciudadanos o entre leyes y ciudadanía. Las leyes deben constituir la antesala de un pacto serio que construya puentes entre los ciudadanos y sus instituciones. Debe llevar a los gobiernos a mirar su compromiso desde una perspectiva distinta, que encuentre en la transparencia un mecanismo que ahuyente a los corruptos y sus miles de estrategias de desacreditar a las democracias y, consiguientemente, pueda rescatar a la prensa de un rol anodino y secundario, donde lo “light” y banal ha sobrepasado, en muchos casos, a la información analizada y presentada de manera clara que permita entender lo que pasa y saber las razones correctivas que aplicar.
Los periodistas, juristas y actores democráticos, en general, deben rescatar al ciudadano de esta perpleja manera de observar hechos que no comprende, de modo que los niveles de participación tan bajos en nuestra democracia puedan revertirse, produciendo a su paso un abaratamiento de los mismos costos de campaña y promoviendo liderazgos alternativos a la corporación de los partidos que en muchos países ha dejado al pueblo sin opciones.
Una información, entendida como patrimonio público, es una apuesta al desarrollo, que espera que tanto juristas como periodistas le den densidad para que el ciudadano vuelva a creer; primero, en su capacidad de actor democrático y, por consiguiente, en el sistema democrático, al rescatarlo de esa reducción simplista y distante de que él solo sirve para unos cuantos avivados y pícaros que lucraran en su nombre a partir de elecciones o de medias verdades.
En una sociedad democrática, es necesario y es una obligación tener asegurado jurídicamente el derecho a la información. Pero esto no es suficiente. Se requiere, además, que el ejercicio del derecho a saber suponga una coincidencia razonable entre los hechos efectivamente acaecidos y lo que se publica o se difunde. El asunto, a simple vista, puede parecer sencillo. No lo es. Antes bien, resulta sinuoso y complicado. En principio, conviene puntualizar que la información se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de gobierno y para la toma pública de decisiones colectivas por sus propias características inmanentes. No hay nada tan valioso como trascendente para el ciudadano como aquella información que le permita expresar su compromiso cívico y su participación en la democracia. Contrariamente, nada perjudica tanto como el hecho distorsionado, adulterado u ocultado.
13 de Noviembre de 2011
Fuente: Revista dominical ABC COLOR
Fuente digital : www.abc.com.py
